España exige a Cuba la “liberación inmediata” de la periodista de ABC

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Albares pide a Cuba derecho a manifestarse y la libertad de la periodista de ABC EFE / Yander Zamora

Madrid (EFE).-

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó este martes la detención en Cuba de la periodista Camila Acosta, corresponsal del diario español ABC, y reclamó su “liberación inmediata”.

Albares incluyó este pedido en un mensaje en Twitter en el que defendió el derecho de los cubanos a manifestarse “libre y pacíficamente” y pidió a las autoridades de la isla que lo respeten.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) también exigió la liberación de la periodista, en un comunicado en el que denunció que fue detenida “por informar de las manifestaciones de protesta que se están desarrollando en la isla caribeña contra el Gobierno”.

La FAPE exigió la retirada de los cargos contra Acosta, que puede ser procesada por presuntos delitos contra la seguridad del Estado, y pidió al Gobierno español que se interese por la situación de la corresponsal y haga las gestiones necesarias para que sea puesta en libertad sin cargos.

La federación condenó las agresiones y otros arrestos de periodistas que se han producido en Cuba en los últimos días cuando cubrían manifestaciones de protesta.

Uno de los agredidos es el fotoperiodista español Ramón Espinosa, de la agencia Associated Press, señaló.

Igualmente, demandó al Gobierno cubano que se responsabilice de la seguridad de los periodistas y que respete el libre ejercicio del periodismo, algo fundamental para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos.

“El acoso a los corresponsales tiene habitualmente como objetivo impedir que informen de hechos que, sin su trabajo, quedarían ocultos”, subrayó la FAPE.

Acosta, que en su perfil en Twitter se define como “periodista independiente cubana”, fue detenida este lunes por la Policía política cubana cuando salía de su casa, de la que se llevaron equipos de trabajo como su ordenador, por supuestos delitos contra la seguridad del Estado, una acusación que se suele emplear en el país contra disidentes, según publica ABC.

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